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Boletín de noticias 9 de febrero de 2012
EL TIEMPO
'NO QUIERO UNA AMNISTÍA SINO LA ABSOLUCIÓN': ALFONSO PLAZAS VEGA
En entrevista exclusiva con EL TIEMPO y Canal ET, reiteró que no participó en ningún crimen.
Después de seis días de evaluar el fallo del Tribunal de Bogotá que confirmó la condena de 30 años en su contra, el coronel (r.) Alfonso Plazas calificó la decisión de espuria e ilegal, a pesar de que redujo a dos el número de desaparecidos e invalidó algunas pruebas en su contra. Insiste en que su responsabilidad llegaba hasta la puerta de la Casa del Florero.
¿Cómo califica el fallo?
Un fallo espurio y abyecto. No tiene fundamento en la verdad y está violando mis derechos. Uno de los magistrados -Hermens Lara- estudió 16 meses el proceso y presentó un proyecto de sentencia en el que me absuelve. No tengo nada que ver con el asesinato de nadie en el Palacio.
¿Por qué dice que en el proceso le han violado sus derechos?
La ley me permitía hablar durante los llamados alegatos de
conclusión. Es increíble que habló la fiscal Ángela Buitrago contra mí, con base en mentiras; hablaron los abogados de las víctimas, unos personajes del M-19 que tienen ilusionadas a esas personas con indemnizaciones que no van a recibir. Y yo no hablé. El juicio es nulo.
El fallo dice que usted fue parte de un aparato militar que tenía como fin la retoma para aniquilar al M-19. De hecho, se quitó la seguridad del edificio...
La Policía protegía esos edificios, no el Ejército. Se dijo que la toma iba a ser en la visita del presidente francés Mitterrand en octubre de 1985. Como no pasó nada, se mantuvo la seguridad hasta noviembre. Yo estaba de vacaciones en Europa. Es más, Gustavo Petro salió a decir que lo torturé en la Escuela de Caballería. Cuando probé que estaba fuera tuvo que pedir disculpas. Es un mentiroso.
Pero usted dirigió la retoma...
Los planes del Ejército los hacen generales. Está establecido que el comandante de la operación era el general Arias Cabrales y el director de la Casa del Florero, Edilberto Sánchez. Pero la Fiscalía insiste en que soy yo. Es mentira y un prevaricato.
¿Ellos son los responsables?
No los estoy inculpando. Los que deberían estar sentados aquí son los del M-19.
Pero es claro que hubo excesos de la Fuerza Pública. De hecho hay condenas...
La Nación ha sido condenada por la falta de seguridad del Palacio por parte de la Policía, no por excesos de fuerza.
Y los estudiantes que dicen que fueron torturados en el Cantón Norte y liberados tras la llamada de un Gobernador...
A ellos los maltrataron. No cabe duda. Pero, ¿yo qué tengo que ver en eso? Hubo malos tratos y creo que podría haber razones para sancionar a personas por el delito de tortura, es posible.
Entonces sí hubo torturas...
No he dicho torturas. Un maltrato es una falta disciplinaria y la tortura es un delito.
¿Cuál es la diferencia?
Un maltrato puede ser una patada. Y una tortura es ponerle cables eléctricos para que dé una declaración.
El Tribunal le dio credibilidad al testimonio de Édgar Villamizar que dijo haberlo escuchado decir: 'Cuelguen a esos h. p.'...
La firma de Villamizar se falsificó. En el proceso al general Arias Cabrales, la juez dijo que su declaración es inválida y a mí me la valieron. Es un libreto que la Fiscalía montó. ¿Por qué en 20 años no me investigaron y todo surge cuando entro a la Dirección de Estupefacientes?
¿Insinúa que le están pasando una cuenta de cobro?
Les quité 2 billones de pesos a los narcotraficantes. Tengo serias sospechas de que en mi caso hay una venganza de narcotraficantes. También, todo el baño de sangre de las Farc lo están cobrando contra los militares.
La sentencia para alguien de 67 años es una cadena perpetua. ¿Cómo la asume?
Me siento indignado. ¿Qué quiere, que me deprima? No. Por eso pido justicia.
Se está hablando de una ley de punto final para militares en este caso. ¿Qué opina?
Me muero con mi posición. No necesito amnistías, sino mi absolución.
¿Ya apeló?
Sí y la Procuraduría. Pero tengo que estar preso cinco años más para que, al finalizar ese tiempo, pasen dos cosas: me condenen para no envainar a 20 jueces o reconozcan que me encarcelaron siendo inocente.
PARTIDO DE 'LA U' ADVIERTE QUE REFORMA DE LA JUSTICIA ESTÁ EN RIESGO
La colectividad dice que la fórmula presupuestal presentada no subsana los problemas de congestión.
El partido de 'la U' lanzó este miércoles una alerta por el futuro de la reforma de la Justicia, que en marzo comienza su segunda vuelta en el Congreso. El presidente de la colectividad, Juan Lozano, advirtió que "el Gobierno sabe que la fórmula (presupuestal) es equivocada e insuficiente".
Este mensaje es para el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, ya que desde su despacho se preparó la fórmula que, a juicio de Lozano, no ayuda a la descongestión judicial y deja en evidencia la "falta de presupuesto" de la rama.
"Para que aprobar una reforma si nos vamos a volver a ver a la vuelta de la esquina, en poco tiempo, con expedientes congestionando los despachos por la falta de presupuesto", precisó el Presidente de 'la U'.
Esto motivó a Lozano a señalar que, por esto, la reforma está en riesgo. "Como está hoy la fórmula creo que en 'la U' y en otras colectividades definitivamente no se puede aprobar", dijo.
"Esperamos que el Ministro cumpla su palabra de presentar la fórmula que permita a la justicia funcionar bien", sostuvo Lozano.
Esta advertencia se suma a la reiteración del Consejo de Estado que no piensa regresar al debate de la reforma de la Justicia, a pesar de los llamados del propio Legislativo y del Gobierno a que regrese la discusión.
GOBIERNO NO PRESENTARÁ REFORMA AL CÓDIGO MINERO ESTE SEMESTRE
El anuncio lo hizo el Ministro del Interior, quien dijo que faltan las consultas previas.
El Gobierno Nacional anunció este miércoles que la reforma al Código Minero no se presentará a discusión del Congreso en el presente semestre.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, afirmó que es necesario hacer las consultas previas del proyecto, para poderlo poner a discusión del Legislativo.
Para el funcionario, la iniciativa debe realizarse "bien", ya que, entre otros temas, se debe estructurar la forma de combatir la minería ilegal.
Este último punto es prioritario, ya que el propio presidente Juan Manuel Santos ha reiterado en varias oportunidades que la combatirán por ser fuente de financiación de grupos ilegales.
Precisamente, ELTIEMPO.COM publicó el pasado domingo un informe sobre un pacto que habrían hecho las Farc y Eln para realizar explotación ilegal de la minería en algunas zonas del país y para proteger a 'Timochenko', máximo comandante de las Farc, en la frontera con Venezuela. (Vea aquí el informe sobre el pacto entre Farc y Eln).
LEY DE VÍCTIMAS PASA PRIMER EXAMEN EN LA CORTE CONSTITUCIONAL
El alto tribunal resolvió en Sala Plena una demanda contra el artículo tercero de la norma.
Según la decisión, el alto tribunal declaró el artículo exequible pero con condicionamientos.
Así las cosas, los familiares de las víctimas deben considerarse de igual forma y no tienen que entrar a demostrar que sufrieron algún daño para tener acceso a los beneficios por reparación que brinde el Estado.
La ley, que fue aprobada por el Congreso en junio del 2011, estableció que son víctimas: "Aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) o violaciones graves a las normas internacionales de Derechos Humanos con ocasión del conflicto armado.
Como víctimas también señala al conyuge, compañero o compañera de quien por hechos de violencia esté muerto o desaparecido o sus parientes en segundo grado de consanguinidad.
Los demandantes de la norma consideraban que el artículo dejaba un vacío y no especificaba de manera concreta la condición de víctimas en el caso de los parientes de un desaparecido o muerto a causa del conflicto armado.
EL ESPECTADOR
GABRIEL MENDOZA MARTELO, NUEVO PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
En la mañana de este miércoles, la Sala Plena de la Corte Constitucional eligió a Gabriel Mendoza Martelo como nuevo presidente de la Corporación, en remplazo del magistrado Juan Carlos Henao.
Mendoza Martelo es Abogado de la Universidad del Atlántico con especializaciones en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia, y Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública en convenio con la Universidad del Atlántico.
En su experiencia laboral en la Rama Jurisdiccional se desempeñó como Juez Octavo Penal Municipal de Barranquilla, Juez Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, Magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico, Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado, Vicepresidente del Consejo de Estado y actualmente Magistrado de la Corte Constitucional; y en el Ministerio Público ocupó los cargos de Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado y Viceprocurador General de la Nación (e).
Ha sido profesor de postgrado y pregado en Derecho Procesal Administrativo en la Universidad del Norte (Barranquilla), Universidad Javeriana, Universidad del Sinú, Universidad Sergio Arboleda, Universidad Libre (Barrranquilla), Universidad Santo Tomás (Tunja y Armenia).
Capacitador en distintos seminarios realizados por el Instituto de Estudios del Ministerio Público y conferencista invitado a diferentes actos organizados a nivel nacional. Desde febrero de 2009 es magistrado de la Corte Constitucional.
Como Vicepresidente de la Corporación se eligió al magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. El doctor Palacio es Abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, Magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda.
Ha participado en diversos seminarios, talleres y conferencias, tanto nacionales como internacionales, de las cuales destaca un Curso de Seguridad Social realizado en Israel.
En su experiencia laboral en la Rama Jurisdiccional , se ha desempeñado como Magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, Juez Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, Juez Civil-Laboral de El Santuario Antioquia, Juez Promiscuo del Circuito de Támesis y Juez Civil Municipal de Fredonia. Igualmente fue Conjuez de la Sala de Casación Laboral por nueve años consecutivos.
Presidente y Vicepresidente del Tribunal Superior de Medellín, así como de la Sala Laboral de dicho Tribunal. Delegado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los años 1990, 1995, y 2009, tanto de la Corte Suprema de Justicia, como de la Corte Constitucional y delegado asesor del Ministerio del Trabajo (hoy Ministerio del Trabajo y de la Protección Social), año 2000.
Actualmente es miembro de la Comisión de Ética de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).Ha sido coeditor de la Revista Jurídica “Autos y Sentencias” del Tribunal Superior de Medellín, así como también de la Revista “COLEGAS” del Colegio Antioqueño de Abogados Capítulo de Bogotá.
Desde el primero de marzo del 2009 es Magistrado de la Corte Constitucional.
"EL ESTADO SE ESTÁ ACOSTUMBRANDO A ACORRALAR A LA JUSTICIA"
Ángela María Buitrago defendió con los dientes la sentencia del Tribunal de Bogotá que le pidió a la CPI revisar el caso del Holocausto.
Ocho días después del fallo del Tribunal de Bogotá que confirmó la condena del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, la tormenta política no parece amainar. La solicitud de que la Corte Penal Internacional revise la responsabilidad del expresidente Belisario Betancur en el holocausto del Palacio de Justicia, o de que el Ejército pida perdón, atizó una controversia que ha venido cocinándose con los años. La exfiscal del caso, Ángela María Buitrago, dio su opinión sobre el fallo, les puso los puntos sobre las íes a quienes buscan polarizar aún más el ambiente y criticó al jefe de Estado. Así se despachó con El Espectador.
Después de más de 26 años, uno pensaría que las heridas del holocausto del Palacio de Justicia ya habrían cicatrizado. El fallo del Tribunal de Bogotá demuestra que este episodio, muy al contrario, sigue polarizando al país. ¿Por qué?
Hay una negativa a admitir que las cosas sucedieron como sucedieron. Pero, además, hay una posición política desde el año 85 hasta hoy que sigue intacta: no investigar esos hechos.
El presidente Santos fue el primero en criticar la sentencia. ¿Cómo interpreta eso?
Esa posición del presidente es una negación de la independencia de la Rama Judicial, una presión para los funcionarios y una indebida intromisión en una decisión que tiene que ser acatada. Las sentencias no se atacan por los medios y menos cuando el presidente Santos hizo tales afirmaciones ante menores de edad, enseñándoles a los niños a disentir de esa manera tan absurda dentro de un Estado de derecho, lo cual me parece todavía más aberrante.
¿Cree que las críticas del presidente y el ministro de Justicia ponen en aprietos a los magistrados?
Aquí el Estado se está acostumbrando a acorralar a la justicia y a generar estos espacios, en un Estado tan convulsionado, para lograr sus objetivos. No solamente lo hizo este presidente, también lo hizo su antecesor. Uno puede disentir de las decisiones, pero no puedo utilizar el poder del Ejecutivo para hablar contra unos magistrados ni generar la polarización que hay contra ellos, porque también se hace responsable de lo que les suceda.
Lo curioso es que antes de criticar la sentencia se oye decir “con todo respeto por el fallo...”.
Eso no sólo es un eufemismo, sino una antinomia completa: si yo acato no puedo disentir de esa manera. Aquí hay una preferencia, se les aplica el derecho a unos y a otros no. O todos se sancionan por los mismos comportamientos o no se sancionan. Y si hay un acuerdo político para no sancionar, que se haga evidente; pero no pueden sancionar a los jueces que están aplicando la ley.
¿Tiene asidero la decisión de recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI) para que revise la responsabilidad del expresidente Betancur?
Las normas que nos rigen son las de investigar los delitos de lesa humanidad, cométalos quien los cometa, que están enmarcados en la CPI. De allí parte la interpretación de los magistrados, que a mi modo de ver es correcta. El delito de desaparición forzada, al igual que el de secuestro, es de ejecución permanente. Estos hechos pudieron haber ocurrido en los años 80, 90 ó 2000. Pero mientras no aparezcan los desaparecidos, el delito se sigue prolongando. La sentencia busca justicia frente a un delito inadmisible.
Lo cierto es que pedirle a la CPI que revise el caso es aceptar que la Comisión de Acusación de la Cámara es un desastre.
Esa discusión no la abrió el Tribunal de Bogotá, sino el mismo Gobierno cuando planteó desmantelarla por absoluta ineficacia. En la sentencia se dice claramente que allá se emiten decisiones políticas y lo que se requiere en delitos de lesa humanidad son decisiones judiciales.
Qué curioso. Los jueces siempre exigen respeto por sus fallos, pero cuando los congresistas profieren decisiones en la Comisión de Acusación, entonces ahí sí no. ¿Al fin qué?
La pregunta es si esos fallos fueron objeto de investigación o no y si corresponden a pautas de acuerdos políticos en un momento dado, para realizar las investigaciones o no. Los magistrados del Tribunal tienen toda la evidencia, así como la tuve yo, cuando vi que archivaron de plano en la Comisión de Acusación por un acuerdo político. Pero normas internacionales han dicho que no importa que haya fallos absolutorios. Si hay hechos que demuestran que el caso no se investigó como se debía, hay derecho a reabrir esas investigaciones.
Colombia queda en un hoyo negro. Por un lado reconoce los tratados internacionales, pero la Constitución le confiere a la Comisión de Acusación juzgar a los presidentes. ¿Entonces?
El Tribunal de Bogotá nunca le ha faltado el respeto a la competencia de la Comisión de Acusación. Lo que ha dicho es que su investigación ha sido inane. Mire, le han atribuido al Tribunal esa sugerencia de que la Comisión de Acusación no sirve para nada, cuando eso lo ha dicho el propio Gobierno al buscar reformarla, cuando ha sido debate político de más de dos períodos.
En su criterio, ¿esto no comprueba la necesidad de aplicarle los santos óleos a la Comisión de Acusación?
Por su propia estructura es muy difícil que la Comisión realmente investigue, no tiene personal para hacerlo, mire todos los problemas que ha tenido para ordenar los expedientes. Yo no sé si sea el mecanismo adecuado. Pero, además, la función política y el juicio judicial son diferentes. Uno no puede juzgar en términos políticos siendo funcionario judicial, ni puede mirar en términos judiciales siendo funcionario político. Ahí está el problema.
Los familiares de las víctimas del Holocausto dicen que es una burla que el Tribunal le ordene al Ejército pedir perdón y que termine el presidente Santos pidiéndoles perdón a ellos y al expresidente Betancur. Perdóneme, ¿cuál es su opinión?
No sé si él quiera pedirle perdón al Ejército, pero lo único cierto es que lo hizo con ocasión de esta sentencia en tono de burlarse de los magistrados y en tono de refutar la decisión judicial. Él puede defender a quien quiera, pero no puede utilizar un fallo para atacar la institución como la atacó. ¿Qué tal que mañana la Rama Judicial salga a burlarse de una decisión del Gobierno? Eso genera un mensaje: que la justicia es ridícula.
El procurador dijo que aceptar la intervención de la CPI en Colombia sería ponernos al nivel de Kenia o el Congo...
Me parece absurda la comparación. Allá también hay justicia. Si está más o menos adelantada es otro tema, pero tampoco se puede ofender a otros países por salvar el nuestro.
A muchos de los que han intervenido en este proceso los han tildado de guerrilleros o de afines a la guerrilla. ¿Qué opinión tiene usted del Ejército de Colombia?
Lo adoro. Es más, yo alfabeticé en el Ejército, tengo amigos allá. Es que no han querido entender: esto no es contra el Ejército. Uno no puede macartizar al otro y convertirlo en enemigo por querer decir que tiene la verdad. Uno puede probar que tiene la verdad sin necesidad de hablar de guerras políticas, ideológicas ni de absolutamente cualquier índole. Aquí ese discurso lo ha utilizado el coronel (r) Plazas Vega para confundir a la opinión pública. No se trata de si se es guerrillero o no, si se es verde o azul. Se trata de que se desapareció y se torturó a unas personas. Si lo hizo el verde o el azul es igual de reprochable. Mucho más cuando lo hacen miembros de una institución que está edificada para proteger la vida y honra de las personas.
¿Dice usted que hay interesados en polarizar cada vez más este debate judicial?
Sí, y algunos medios se han prestado para que ese discurso se disperse. Pero me parece que no pueden ser tan irresponsables ni los medios ni las personas interesadas en seguir afirmando que ahora los magistrados también pertenecen a un grupo particular porque fallaron de una u otra forma. Y es responsabilidad del Estado proteger la dignidad y la seguridad de ellos.
¿Por qué a Colombia le cuesta tanto poner sobre el banquillo a sus militares?
A mí me parece que no es a Colombia, sino a unos grupos de poder en particular que tienen intereses y acceso a medios. Pero aquí siempre se ha generalizado. ¿Cuál Colombia? Yo creo que la gente ya dice: “¡Ay, Palacio de Justicia otra vez!”. Pero los grupos de poder sí buscan polarizar.
¿Hubo más personas que salieron con vida del Palacio y luego aparecieron muertas adentro, como el caso del magistrado Carlos Urán?
Ese es un tema que yo no puedo contestar, pues goza de reserva. Cuando salí de la Fiscalía ese tema estaba en investigación.
Después de lo que le tocó como fiscal en un caso que aún genera tanta controversia, ¿por qué le dio por meterse en el berenjenal de la Personería de Bogotá?
Porque creo que todavía puedo aportar algo. La politiquería nos ha llevado al estado en el que estamos: está demostrado en sentencias que en muchas regiones se vendió el país a los paramilitares por hacerse a un puesto político, que se dieron masacres por tener un cargo público o para gozar de sus beneficios. No puedo entender cómo pueden acabar una ciudad en contravía de todos los intereses de los ciudadanos. Me metí en este lío no por ganarme un puesto, porque no estoy buscándolo, simplemente quiero aportar y no quiero que este sea el futuro ni de mis hijos, ni de mis nietos ni de mis estudiantes.
Hablando del carrusel de la contratación en Bogotá, ¿se da cuenta de que 19 concejales llamados a interrogatorio podrían elegirla?
Yo sigo creyendo en la presunción de inocencia, independientemente de a quién elijan. El tema no es si están llamados o no a interrogatorio, el tema es que en su integridad el político asuma con conciencia su corresponsabilidad en todo lo que sucede frente a su cargo. Hay gente honesta y decente en el Concejo.
CORTE AMPLÍA CONCEPTO DE VÍCTIMAS DENTRO DE LEY DE VÍCTIMAS
Familiares desde el tercer grado de consanguinidad y civil podrán solicitar los beneficios de reparación y asistencia en dicha ley.
La Corte Constitucional definió y amplió el concepto de victima dentro de los casos en que se presente muerte o desaparición por hechos enmarcados dentro del conflicto armado en la ejecución de la Ley de Víctimas.
Según el presidente del alto tribunal, Juan Carlos Henao, se revisó el artículo tercero de dicha ley del cual se presentaba una seria duda sobre la definición de dicho concepto de víctima, en el cual se señalaba que los familiares de primer grado de consanguinidad eran los unicos que podían solicitar los beneficios bajo “una presunción”.
En este sentido solamente eran tenidos en cuenta el parentesco entre padres e hijos, hermanos, y esposos, aspecto que fue ampliado en el concepto de la Corte Constitucional.
En este sentido, se manifestó la Corte Constitucional, señalando que los otros familiares que superen este grado de familiaridad podrán solicitar los beneficios después de comprobar que sufrieron algún daño debido a la muerte o desaparición de su sobrino, nieto, abuelo, primo, e incluso amigos.
“Otras personas cobijadas también podrán solicitar ser víctima pero tendrán que probar y demostrar dicha calidad”, precisó al hasta hoy presidente de la Corporación.
El magistrado Henao señaló igualmente que pese a que no se discutió en la Sala, una de las formas de demostrar esto es mediante un censo, del cual de comprobarse su relación podrán entrar a gozar los beneficios de la ley.
LA U ASEGURA QUE MINHACIENDA TIENE EN RIESGO REFORMA A LA JUSTICIA
El senador Juan Lozano dijo que no hay claridad en la autonomía presupuestal para las cortes.
Un duro 'regaño' le dio este miércoles el Partido de La U al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, por la falta de claridad presupuestal en la reforma a la justicia.
El senador Juan Lozano Ramírez, presidente de la colectividad, dijo que la fórmula económica que fue incorporada en la reforma "no es satisfactoria". Y agregó: "El Gobierno sabe que la fórmula aprobada no es satisfactoria y sabe que es insuficiente".
En ese sentido, en La U le recordaron al ministro que se acordó presentar para la segunda vuelta de aprobación de la reforma, una fórmula "mucho más clara para garantizar que a la justicia no le van a faltar recursos para que la gente pueda acceder a que se resuelvan sus pretensiones". Además, Lozano señaló que "para qué aprobar una reforma así si nos vamos a volver a ver a la vuelta de poco tiempo, con los expedientes congestionados en los despachos por la falta de presupuesto".
En el mismo sentido, el senador dijo que el mismo acto legislativo está en riesgo en su aprobación, de continuar como está actualmente. "Creo que como está hoy la reforma con esa fórmula en La U y otras colectividades difícilmente se pueda aprobar", indicó Lozano en diálogo con los periodistas. La autonomía presupuestal ha sido sólo una de las molestias de las cortes, principalmente del Consejo de Estado, en desarrollo de la discusión de la reforma.
Esta semana, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, señaló que este lunes por unanimidad la Corporación confirmó su retiro en el debate del proyecto de reforma a la justicia que se adelanta en el Congreso de la República. Según el magistrado, existe una gran “preocupación” frente al rumbo que ha tomado la reforma aclarando que se borran los límites de la división entre las tres ramas del poder público en Colombia delimitados en la Constitución de 1991, así como la repartición de justicia la cual caería en manos de “cualquier persona”.
“Se entra en una sustitución de la constitucional, la unidad de la rama judicial, afectando el sistema de pesos y contrapesos del poder y la delimitación de la Constitución en torno a la forma en cómo se diseño el Estado de Derecho en Colombia”, precisó el Gómez Aranguren.
De momento, se desconoce si Echeverry tiene listo el cambio de fórmula para la financiación de la rama judicial, al amparo de la reforma.
EL FESTÍN PENSIONAL
Por: Elisabeth Ungar Bleier
No es exagerado afirmar que el festín de las pensiones en algunas entidades de la Rama Judicial, que en buena hora ha denunciado la Contralora Sandra Morelli,constituye uno de los mayores escándalos de los últimos años.
No solamente por la magnitud de los montos que algunos miembros de la Rama están reclamando como pensión de jubilación en virtud de un paso efímero por las altas cortes, que contrastan escandalosamente con lo que reciben millones de colombianos y con lo que dejan de percibir otros tantos que no pueden acceder a ellas, sino por la manera como han obtenido esos“privilegios”. Mediante triquiñuelas y acuerdos por debajo de la mesa. Pero sobre todo, por tratarse de los responsables de velar por el cumplimiento de las leyes.
Desafortunadamente, hechos como estos no contribuyen a mejorar las percepciones que los colombianos tienen sobre la Justicia, y ayudan a explicar por qué este sector está entre los que obtiene menores promedios en el Índice de Transparencia de Transparencia por Colombia que evalúa riesgos de corrupción institucional. Y por qué el Consejo Superior de la Judicatura, que ahora está en el ojo del huracán por el tema pensional, ocupó el puesto 110 entre 158 entidades del orden nacional De igual manera, según el Latinobarómetro 2011 “En la categoría de evaluación de servicios públicos, al sistema judicial le va muy mal. Sólo el 32% de los colombianos asegura estar satisfecho con el sistema. El sistema judicial es el único servicio público que va disminuyendo sus niveles de satisfacción a lo largo del tiempo de un 33% en 2009 a 30% en el 2011”
Los hechos que se han conocido en los últimos meses son muy graves, porque están en juego recursos públicos, y porque claramente pueden configurar hechos de corrupción. Pero lo son aun más porque quienes aparentemente han abusado de su poder son los encargados de administrare impartir justicia.
Llama la atención que algunos miembros de las altas cortes pretendan justificar lo que ha sucedido con el carrusel de las pensiones con el argumento de que se está actuando en el marco de la ley, que establece que el último cargo ocupado define los valores de las mismas. Efectivamente, esto es lo que dice la norma, pero en muchos casos es necesario ir mucho más allá de lo legal, y considerar el ámbito de la ética y de la legitimidad.
¿O acaso es ético nombrar a una persona en un cargo por unos cuantos meses, así sus cualidades hipotéticamente lo ameriten, con el propósito de que pueda completar el tiempo requerido para pensionarse y, ante todo, que pueda hacerlo con unos montos muy superiores a los que le corresponderían de haber permanecido en su puesto anterior? ¿O loes nombrar a familiares y amigos de miembros de las cortes para pagar favores o a cambio de apoyos a aspiraciones futuras?
Por supuesto estas no son prácticas generalizadas en la Rama Judicial, ni son nuevas, pero infortunadamente generan una gran desconfianza entre la ciudadanía y afectan la credibilidad y legitimidad de la Justicia. Como reza el dicho, "No basta que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo".
TENACIDAD Y PELIGRO DE LA MENTALIDAD BÁRBARA
Por: Gustavo Gallón
Si un grupo guerrillero se tomara hoy el Palacio de Justicia, ¿actuaría la fuerza pública de forma distinta a como lo hizo el 6 y 7 de noviembre de 1985?
Esa es la pregunta esencial que debe plantearse la sociedad colombiana en torno a la polémica por el fallo que confirmó la condena al coronel (r) Plazas. La responsabilidad individual de ese soldado debe dejarse a consideración de la Corte Suprema de Justicia, que estudiará el recurso de casación correspondiente. El verdadero debate que compete librar por fuera de los estrados judiciales es si existen garantías de no repetición de violaciones de derechos humanos y graves infracciones al derecho humanitario, como las cometidas en la batalla del Palacio de Justicia.
Por lo pronto, habría que proteger adecuadamente las instalaciones de la sede judicial para evitar su asalto, no sea que súbitamente se suspendan los servicios de vigilancia y seguridad en el edificio, como enigmáticamente sucedió en 1985. En cualquier caso, la primera responsabilidad por la vulneración de los derechos y por los daños causados con motivo de esa indeseable toma recaería sin duda, hoy al igual que hace 26 años, sobre los invasores armados del recinto.
Pero la pregunta que corresponde formular a quienes han recibido de la sociedad las armas para defenderla, y al Gobierno, que es la autoridad civil que debe comandarlos, es si estarían dispuestos a repetir ahora el guión conforme al cual se desplegaron las acciones para repeler el ataque cinco lustros atrás. Algunos de los principales elementos de ese guión son los siguientes: 1) Aislamiento del presidente de la República y asunción del mando supremo de la operación por los generales del Ejército y la Policía; 2) Penetración armada a la edificación, incluso con tanques de guerra y con bombas para abrir boquetes en el techo, sin miramientos de ninguna especie; 3) Disparos incesantes lanzados por francotiradores desde los edificios vecinos hacia el interior del Palacio; 4) Desatención de los requerimientos de cese al fuego por parte del presidente de la Corte y silenciamiento de sus mensajes telefónicos y radiales; 5) Suspensión de las comunicaciones por televisión y transmisión de un partido de fútbol para distraer a la población; 6) Utilización de explosivos y toda clase de municiones dentro del Palacio para derribar muros detrás de los cuales se encuentre gente, sin distinguir entre civiles y combatientes; 7) Interrogatorio y detención sin orden judicial, y posterior desaparición o muerte de quienes el ejército considere sospechosos.
La respuesta a esta pregunta parece ser afirmativa, si nos atenemos a lo que dice el general Valencia Tovar, decano de los militares, para quien “el Ejército no cometió ninguna falta, sólo cumplió con su deber de restablecer el orden y la ley”. El presidente de la República no cesa de llamar héroes a quienes ejecutaron ese guión. ¿En manos de quién estamos, luego de tantos cursos sobre derechos humanos y derecho humanitario impartidos a los servidores públicos en las últimas dos décadas, con el valioso —pero al parecer desperdiciado— apoyo de la comunidad internacional?
EL LIBERALISMO DA TUMBOS
Por: Rodolfo Arango
Los padres del liberalismo deben estar revolcándose en su tumba.
Simón Gaviria y Juan Manuel Galán han manifestado su apoyo a la reelección del antiliberal y ultraconservador procurador Ordóñez. El Partido Liberal transita así sin norte, desorientado, ignorante de sus principios ideológicos, hacia su extinción. En este estado de postración no asombra tampoco el error de reunificarse con Cambio Radical, un cadáver insepulto de la parapolítica. Sólo una luz de esperanza brilla a lo lejos para los liberales viudos de poder. La Ley de Víctimas, que promete revertir la exitosa contrarreforma agraria de mafiosos, paracos, terratenientes e inversores agroindustriales, es la bandera ofrecida por el liberalismo y acogida por el presidente Santos para reencaucharse como mandatario con sentido social de cara a la reelección y neutralizar de paso el ruralismo reaccionario de Uribe, quien ya mueve sus fichas con miras a los comicios de 2014.
La joven dirigencia liberal no parece haber transitado por los salones de clase donde se enseñaban historia de Colombia e ideas políticas. ¿Dónde queda la defensa de la libertad personal, de la responsabilidad individual y del carácter laico de nuestro Estado cuando se apoya la reelección de un funcionario que desafía los fallos judiciales para cumplir mandatos divinos; de un procurador que obedece más a la Biblia que a la Constitución, aunque se empeñe en negarlo? La despenalización del aborto en ciertas circunstancias para salvaguardar la dignidad, la autonomía o la vida de la mujer, o la igualdad para toda persona independientemente de sus orientaciones sexuales, no son derechos constitucionales para el jefe del Ministerio Público; eso pese a las claras doctrinas de la Corte Constitucional como máximo intérprete y guardián del pacto político de 1991. ¿Serán conscientes los juveniles delfines de los vacíos intelectuales que llevan al liberalismo a su ruina?
Otro tanto sucede con el muerto viviente de Cambio Radical. Uno a uno sus otrora dirigentes son condenados por parapolítica: Pinedo Vidal, ocho años; Rubén Darío Quintero, siete años y medio; Óscar Wílchez, siete años y cinco meses; Humberto Builes, siete años y medio; Karelly Lara, seis años; Reginaldo Montes, a seis años. Mientras esto sucede, Germán Vargas Lleras sigue orondo y ufano. Como en el caso de Uribe y de Santos, todo parece haber ocurrido a sus espaldas. ¡Seres tan buenos y tan mal rodeados! Alabada sea la amnesia colectiva; así parece pensar el liberalismo en pos de la reunificación y de su tiquete a la Casa de Nari. En épocas de zombis, incluso las condenas por paramilitarismo acercan a un liberalismo “radicalmente cambiado” a sus víctimas, así sea en el papel de victimarios.
Por fortuna para el presidente Santos, uno de los tumbos del liberalismo se le ofrece cual tabla de salvación para derrotar a su principal contendor en la arena política: el expresidente Uribe. La Ley de Víctimas, auspiciada por el liberalismo, pletórica de promesas a los millones de desplazados y ahora convertida en programa social para varias décadas, es la bandera que permite a Santos rehacer su imagen como mandatario solidario, humanista y gran reformador agrario. Pero incluso en esta movida parece repetirse la historia. El Partido Liberal, con o sin Santos a su cabeza, no resolverá el problema de la tierra en Colombia. Y ello porque se la pasa dando tumbos, sin tener claro cuál es su ideología.
EL NUEVO SIGLO
EL MORTERO DE LA REFORMA
Ninguna necesidad tiene el presidente Juan Manuel Santos de “arrancharse” en una reforma a la Justicia que cada vez resulta más polémica. Es evidente que el espíritu constitucional promueve la concertación en la materia e incluso da la iniciativa parlamentaria a las mismas autoridades judiciales para este tipo de modificaciones. No es, desde luego, que el Ejecutivo sea un convidado de piedra. Ni más faltaba. Pero es claro que al darles la Constitución capacidad legislativa a las Cortes se presupone que es de allí de donde deben surgir los cambios y las mejoras de la Rama.
En realidad la reforma hoy, después de los “micos” que le habían colgado miembros de las células legislativas, tiene de epicentro de la controversia la eliminación de las competencias nominativas de los altos Tribunales. Pero todo ello tiene razón de ser en el sistema de pesos y contrapesos diseñado por la Constituyente y, por lo tanto, modificar el asunto supone una contrarreforma regresiva. Hasta el momento, los mecanismos de designación de Contralor, Procurador y Defensor del Pueblo han sido positivos para el país. Si en ciertos casos resultaron comprometidos con el Proceso 8.000, o similares, ello no fue fruto de sus designaciones, sino de malas prácticas antecedentes, cuando los seleccionados fungían de parlamentarios y no se sabía de sus asociaciones espurias.
Por el contrario, las últimas designaciones han descollado por su acierto y nadie dudaría, por ejemplo, de que el procurador Alejandro Ordóñez o la contralora Sandra Morelli vienen realizando una labor sobresaliente. ¿Por qué, entonces, cambiar lo que se está demostrando bueno y benéfico?
Se dice con insistencia que producto de la intervención de las Cortes en las nominaciones se vienen politizando las áreas de control disciplinario y fiscal. Si ello fuera así, lo que amerita son investigaciones puntuales, pero no el cambio de leyes. Mal sería, ciertamente, que ello se convirtiera en un reducto clientelista judicial, pero peor es retrotraerse a las épocas en que en esas instituciones campeaba el clientelismo parlamentario y que a consecuencia de ello elevaron sus nóminas de manera nociva y lejana a los dictámenes del buen gobierno.
Está claro, por su parte, que el tema del Consejo Superior de la Judicatura tiene tanto de largo como de ancho. Como instituto legal, el Consejo ha servido para desarrollar la idea de la autonomía de la Justicia. De otra parte, algunos magistrados han recurrido a conductas no propias de la majestad de su cargo, que en efecto están investigándose disciplinaria y fiscalmente. Lo que allí se requiere es mayor rigurosidad en los requisitos para acceder a lo que se supone una de las más altas misiones dentro de la magistratura. Con ello quedaría resuelto el problema, buscando que la entidad sea un areópago de juristas, como se pensó en la Constituyente, bajo cuyo control podría fungir un gerente de la Rama. Distraer a los presidentes de las Cortes de sus labores esenciales, como se pretende, que son las de administrar pronta y debida justicia, además en un país repleto de procesos, no es aconsejable y por el contrario se presta para dilaciones.
Como se dijo, todo el aparato estatal lo que debe es enfocarse hacia la pronta y debida justicia. Cualquiera que se acerque a un Juzgado no puede más que quedar atónito con la falta de instrumentos tecnológicos, la precariedad de las oficinas y la ausencia de auxiliares. Aunque se ha querido llenar de simbolismos a la Justicia, a través de togas y formalismos, es igual de importante adecuar los despachos de todo el país a la modernidad. Investir notarios y abogados repentinos de jueces de emergencia, sin las características que la Rama Judicial exige, sirve para hacer requiebres pero no para resolver los problemas.
Lo que interesa al país, y desde luego al Presidente, es poner a tono con los requerimientos contemporáneos a la Justicia. Que ello cuesta, sin duda, pero pasará más a la historia el Presidente si así lo hace, antes que mantenerse en las fricciones que no conducen a nada positivo
AMPLÍAN CONCEPTO DE 'VÍCTIMA' DEL CONFLICTO
Ahora los beneficios de reparación y asistencia que contempla la ley de víctimas también serán para los familiares desde el tercer grado de consanguinidad.
Definió y amplió el concepto de víctima la Corte Constitucional dentro de los casos en que haya muerte o desaparición por hechos que se hallen al interior del conflicto armado colombiano en la aplicación de la Ley de Víctimas.
Se hizo la revisión del artículo tercero de la mencionada ley, en el cual se presentaba una duda sobre la definición de dicho concepto, puesto que en éste se señalaba que los familiares de primer grado de consanguinidad eran los únicos que tenían derecho a solicitar los beneficios bajo la figura de “presunción”, afirmó el presidente del alto tribunal, Juan Carlos Henao.
Eran tenidos en cuenta exclusivamente los parentescos entre padres, hijos, hermanos y esposos, pero dicho aspecto fue ampliado en el concepto que emitió la Corte Constitucional.
Podrán de esta manera otros familiares que superen estos vínculos solicitar los beneficios de la ley, luego de comprobarse que efectivamente éstos sufrieron algún daño o afectación a causa de la muerte o desaparición de su sobrino, abuelo, nieto, primo, e incluso amigos, expresó la Corte.
CORTES Y ONU
La tensión entre el Gobierno, el Congreso y las altas Cortes por cuenta de la reforma judicial sigue ambientando en círculos judiciales la posibilidad de que los magistrados puedan cursar formal invitación a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, con el fin de que su titular venga al país y escuche las quejas de los máximos tribunales respecto de que la iniciativa legislativa estaría afectando la autonomía de la rama judicial. Sin embargo, una gran parte de los magistrados consideran que llegar al extremo de pedir una visita de la Relatoría sería muy extremo y drástico, algo así como una especie de ‘declaración de hostilidades’ a la Casa de Nariño. Según esos magistrados, la situación todavía no es crítica y jugarse una carta tan arriesgada como acudir a la ONU podría ser más contraproducente que provechosa para la suerte de las Altas Cortes.
REVISTA SEMANA
CORTE CONSTITUCIONAL SEÑALÓ EL ALCANCE DE BENEFICIARIOS DE LEY DE VÍCTIMAS
El alto tribunal avaló la constitucionalidad del artículo tercero de la normatividad, en el que se definen quien es pueden ostentar la calidad de víctimas para reclamar del Estado su reparación correspondiente.
En el marco del estudio de una demanda contra un apartado de la Ley de Víctimas, sancionada el pasado 20 de diciembre, la Corte Constitucional anunció este miércoles que considera que la calidad de víctimas no solamente aplica para ellas y sus familiares en primer grado de consanguinidad o civil, sino también cualquier otro pariente que demuestre haber sido afectado.
El presidente saliente del alto tribunal, Juan Carlos Henao, explicó a los medios que "estas personas, cónyuges, compañeros, parejas y familiares en primer grado de consanguinidad, se presume por la Ley que han sufrido un daño”.
Sin embargo, según sostuvo, ello “no excluye que otras personas que no están cobijadas aquí, a nivel de familias o de otras personas en general, también podrán solicitar su calidad de víctima”.
No obstante, quienes se acerquen a hacer las reclamaciones bajo estas condiciones tendrán que probar el daño sufrido y demostrar su filiación, dijo el magistrado.
Con esta ilustración, el alto tribunal declaró exequible el aparte del artículo tercero de la Ley, en el que se señala que dará las calidades de víctima y de beneficiaria a quienes pongan de manifiesto primer grado de consanguinidad y primero civil, cuando su pariente esté muerto o desaparecido.
INHABILITAN POR 11 AÑOS AL JUEZ BALTASAR GARZÓN POR INTERCEPTACIONES ILEGALES
El Tribunal Supremo lo condenó por ordenar chuzadas en un caso de corrupción. El fallo fue aprobado por unanimidad.
El juez Baltasar Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación por ordenar interceptaciones ilegales entre presos y sus abogados durante una investigación de presuntos actos corruptos en la administración pública, según informó el jueves el Tribunal Supremo.
La sentencia entierra prácticamente la carrera en la magistratura de Garzón, un hombre que puso contra las cuerdas al dictador chileno Augusto Pinochet.
Garzón, de 56 años, estaba acusado del delito de prevaricato —dictar a sabiendas una resolución injusta— por su rol en el llamado caso "Gürtel", que destapó una trama corrupta en la administración pública y salpicó a las delegaciones regionales del gobernante Partido Popular en Valencia y Madrid.
En 2009, Garzón ordenó grabar las conversaciones de varios acusados de la trama y sus abogados en prisión. La legislación española permite intervenir estas comunicaciones en casos de terrorismo, pero su encaje legal en otro tipo de delitos es más difuso.
La sentencia del tribunal de siete magistrados del Supremo que juzgaron a Garzón considera que su decisión fue "injusta", al "restringir arbitrariamente" el derecho de defensa de los imputados en prisión.
La acusación particular, ejercida por dos implicados en la trama y un abogado que se consideran damnificados por Garzón, solicitaba hasta 17 años de inhabilidad. Pero el Supremo dejó la condena en 11.
En el juicio celebrado entre el 17 y el 20 de enero en Madrid, Garzón aseguró que al ordenar esas escuchas trataba de impedir un delito continuado de evasión de capitales.
Además del caso "Gürtel", el magistrado español está pendiente de sentencia en el juicio que finalizó el miércoles por su investigación de los crímenes del franquismo.
CARACOL RADIO
CORTE CONSTITUCIONAL PREPARA FALLO SOBRE DEMANDA QUE BUSCA "TUMBAR" LA REFORMA TRIBUTARIA
El magistrado Juan Carlos Henao dijo que la próxima semana se conocerá la sentencia sobre este asunto.
El magistrado explicó que se avanza en la discusión sobre una demanda que ataca a toda la Reforma Tributaria por vicios de procedimiento.
Henao manifestó que el otro tema que ataca la misma demanda está relacionado con posibles inconvenientes en la publicación de la Ley.
"Para no prejuzgar te digo que por una parte está la interpretación de la Seguridad Jurídica a partir de la publicación de las leyes en el Diario Oficial", agregó.
AMPLÍAN CONCEPTO DE VÍCTIMAS A PERSONAS POR FUERA DEL PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD
La Corte Constitucional extendió el concepto de victimas a todos los familiares o personas cercanas a las personas muertas o desaparecidas con ocasión del conflicto armado.
Al resolver una demanda sobre uno de los apartes del artículo 3o de la Ley de Victimas, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Juan Carlos Henao indicó que, siempre y cuando se compruebe, los familiares que no están dentro del primer grado de consanguinidad o civil, pueden recibir los beneficios de la ley.
"Estas personas, cónyuges, compañeros, parejas y familiares en primer grado de consanguinidad, se presume por la Ley que han sufrido un daño; lo cual no excluye que otras personas que no están cobijadas aquí, a nivel de familias o de otras personas en general, también podrán solicitar su calidad de víctima, pero en esa hipótesis tendrán que probar el daño sufrido", explicó Henao.
En el mismo sentido el Alto Tribunal declaró exequible o constitucional la primera parte del artículo que establece que se acredita la calidad de victima a las personas "en primer grado de consanguinidad y primero civil cuando se le hubiere dado muerte (a su pariente) o estuviese desaparecido".
CONSEJO DE ESTADO FIJA FECHA PARA DEBATE NACIONAL SOBRE REFORMA A LA JUSTICIA
El Consejo de Estado fijó para el próximo 14 y 15 de marzo la realización del foro sobre la Reforma a la Justicia, el cual ha sido denominado como el Gran Encuentro Nacional por la Constitución.
El alto tribunal invitó al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, a los partidos políticos, asociaciones ciudadanas y a la comunidad jurídica en general.
“El principal objetivo de este encuentro por la Constitución es conocer las francas motivaciones que estimulan la necesidad de modificar la Constitución en un componente tan sensible como la administración de justicia”, señaló el Consejo, mediante un comunicado.
Así mismo, manifestaron los magistrados que este tipo de encuentros serán realizados durante todo el año y serán llevados a todo el país.
GABRIEL MENDOZA MARTELO NUEVO PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
La Sala Plena de la Corte Constitucional eligió como presidente al magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
El doctor Mendoza es abogado de la Universidad del Atlántico con especializaciones en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia y Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública en convenio con la Universidad del Atlántico.
Cuenta con una experiencia de más de 26 años al servicio de la Rama Judicial donde se ha desempeñado como juez penal municipal y laboral del circuito de Barranquilla; magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico, magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado y procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado, cargos en los que ha recibido distintas menciones honoríficas y distinciones por su desempeño.
Mendoza lleva tres años como magistrado de la Corte Constitucional.
Como vicepresidente de la Corporación se eligió al magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
El doctor Palacio es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín y Magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Ha participado en diversos seminarios, talleres y conferencias, tanto nacionales como internacionales, de las cuales destaca un Curso de Seguridad Social realizado en Israel.
En su experiencia laboral en la Rama Jurisdiccional, se ha desempeñado como Magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, Juez Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, Juez Civil-Laboral de El Santuario Antioquia, Juez Promiscuo del Circuito de Támesis y Juez Civil Municipal de Fredonia. Igualmente fue Conjuez de la Sala de Casación Laboral por nueve años consecutivos. Dignidades desempeñadas: Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, y Presidente de la Sala de Casación Laboral en dos oportunidades.
RCN RADIO
CORTE CONSTITUCIONAL AMPLÍA BENEFICIOS DE LEY DE VÍCTIMAS
La Corte Constitucional dictaminó que familiares de segundo y tercer grado de consaguinidad, es decir, abuelos, nietos, sobrinos, tíos, también pueden recibir beneficios de la Ley de Víctimas, cuando los directos afectados por la violencia resulten muertos o desaparecidos.
Esta decisión la tomó el alto tribunal al examinar la primera demanda contra la importante norma, aclarando que estos familiares deberán probar que han sufrido un daño por la muerte o desaparición de la víctima.
La norma establecía que sólo los padres o hijos de la víctima podrían recibir indemnización, pues se presume que ellos han recibido un daño, pero la Corte Constitucional estableció que no se puede excluir a los demás familiares u otras personas que puedan probar que merecen alguna reparación.
La Corte deberá estudiar otras tres demandas contra la ley de víctimas y restitución de tierras, que piden que no se ponga límite de tiempo para poder acceder a los beneficios que trae la norma y la inclusión de guerrilleros desmovilizados como víctimas del conflicto.